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CRISol: las piezas de un puzle

J.L. Sánchez Fagúndez / Francisco Saura

Con el paso de los años resulta difícil unir las piezas de un puzle, a pesar que por entonces las mismas no fueran numerosas y su unión no requiriera esfuerzo alguno. No era un problema difícil en exceso, todo resultaba intuitivo y la evolución de los hechos se podía predecir con variaciones mínimas. En realidad ha sido la fotografía de Pedro Antonio Sánchez, presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, dirigiéndose a representantes de su partido en la plaza del Parque Científico de Murcia, lo que me ha hecho volver la mirada a 2013, año negro de recortes en la Administración Pública regional, con el Plan de Reequilibrio Económico Financiero 2012-2014 a pleno rendimiento, años de destrucción de empleo público y privado, año de desprecio sistemático a la negociación colectiva y a los derechos laborales de los trabajadores españoles. No obstante, no quiero hablar de Pedro Antonio Sánchez. Por entonces era diputado regional de posibles y los actores que armaron aquel puzle fueron otros, algunos de ellos antiguos cargos públicos que marcharon en su día a la empresa privada y regresaron de la mano del presidente Valcárcel para paliar la dramática situación de las arcas públicas regionales.

Pocas cosas funcionan como debieran en los servicios informáticos de la CARM, pero el gasto no para de aumentar, se han repartido sin concurso puestos de máximo nivel retributivo y nadie exige a las empresas ninguna responsabilidad por las carencias del servicio

Todo comenzó con el Decreto 23/2013, de 15 de marzo, de racionalización del sector público de la Región de Murcia (BORM, 2 de abril de 2013) que estableció el cese de las actividades de la Fundación Parque Científico antes del 15 de mayo de 2013 y la asunción de sus competencias por parte de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación. El Parque Científico de Murcia estaba ubicado, y aún lo está, en unas antiguas instalaciones del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y uno de sus proyectos más ambiciosos fue la instalación del Centro de Supercomputación Ibn Arabí que cumplía las recomendaciones de la Norma ANSI TIA 942, pudiendo dar servicio tanto a las dependencias de la Administración Regional como a los 45 municipios de la Región y a las empresas de todo tipo que así lo requirieran. En el verano de 2013, la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación presentó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para despedir a todos los trabajadores altamente cualificados del Parque Científico Regional, para lo que contó con asesores externos. Como es lógico, el ERE acabó en los tribunales con alguna nota digna de recordar: la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), que abrió causa por el despido colectivo de sus trabajadores, dictó Edicto para poder notificar el contenido de la demanda, ya que el Parque Científico de la Región de Murcia se hallaba “en ignorado paradero”. En realidad, sus instalaciones siguieron funcionando, y a la fecha de hoy siguen haciéndolo, adscrito al Instituto de Fomento (INFO), presentando servicios de data center. En su web corporativa describe las empresas y los diferentes servicios que presta, aunque legalmente la Fundación Parque Científico cesara sus actividades en el primer semestre de 2013 y despidiera a sus trabajadores por las mismas fechas.

El camino está expedito para que, el 12 de agosto de 2013, el BOE publique la resolución de contratación centralizada de servicios de infraestructuras de sistemas informáticos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para los ejercicios 2013-2017 (proyecto CRISol) por un valor estimado de contrato de 66 millones de euros, para prestar “servicios de infraestructuras de sistemas informáticos que requiere la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, alojados en un nuevo centro de proceso de datos (CPD) principal ubicado en la Región de Murcia en una parcela que se transmite de la Administración al contratista”. “Cerrado legalmente” el altamente cualificado centro de proceso de datos del Parque Científico (TIER II), toca construir otro nuevo por valor de 15 millones de euros, “uno de los escasos centros TIER IV de España”.

Un CPD TIER IV tiene una disponibilidad del 99,995% anual, lo que quiere decir que no está garantizada su disponibilidad durante 26 días al año. Por su parte un CPD con calificación TIER II, como es el caso del CPD del Parque Científico, tiene una disponibilidad del 99,741%. Un motivo de peso para arrojar por la ventana 15 millones de euros en un momento de duros recortes en la cobertura de desempleo, sanidad, educación o servicios sociales por poner solo algunos ejemplos.

Pero es que además, el gasto superfluo de 66 millones de euros se fundamentó en la venta de humo (el CPD va a ser uno de los dos o tres punteros en España) y en datos falseados sobre ahorro en gastos eléctricos, alquiler de locales, asistencias técnicas u obsolescencia de los equipos informáticos, facilitados en su momento por el director general de Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones, sr. Linares, y con el apoyo político del titular de la consejería competente, sr. Bernal.

El siguiente acto fue la inclusión de la “Reorganización de la Función Informática de la Administración Regional” en las Disposiciones en materia de función pública de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2014 con la creación del Centro Regional de Informática.

En abril de 2014, el director general de Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones comunica su renuncia al cargo mediante carta dirigida al consejero de Economía y Hacienda, sr. Bernal. Anuncia que con motivo del cambio de gobierno “se dan las condiciones necesarias” para su retorno al sector privado y añade que “la política no es lo mío. Regresé para hacerme cargo de una misión y considero que la he cumplido”. La construcción del CPD está ya en marcha, la empresa adjudicataria es la mexicana KIO Networks, que practica una publicidad sexista sin consecuencias incompatible con la legislación española, y comienzan, o se agudizan, los problemas de los servicios informáticos de la CARM.

Finalmente, el 2 de diciembre de 2014, el consejero de Economía y Hacienda del gobierno de Alberto Garre, sr. Martínez Asensio, inaugura oficialmente las instalaciones del Centro de Proceso de Datos TIER IV dejándonos un titular para enmarcar: el nuevo data center del Parque Científico (sic) permitirá ahorrar a la Comunidad 1,3 millones de euros anuales. Nada más alejado de la ruinosa decisión tomada por su antecesor.

A día de hoy, pocas cosas funcionan como debieran en los servicios informáticos de la CARM. Continuos “problemas técnicos” han imposibilitado el funcionamiento ordinario de aplicaciones tan sencillas como la presentación de solicitudes para la admisión a pruebas selectivas para acceso a la Función Pública Regional. Teniendo incluso que llegar a realizar anuncios tan vergonzantes como el aparecido en el BORM Número 281, del sábado, 3 de diciembre de 2016: “Habida cuenta de que el plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 5 de diciembre de 2016, en aras de una mayor seguridad jurídica, es conveniente ampliarlo en 10 días naturales desde la finalización del plazo inicial, para participar en las pruebas selectivas para cubrir plazas…”.La célebre foto del consejero Carrillo rompiendo un lápiz en presencia de la directora general de Informática, como fin de una era, merece ser enmarcada.

Pero para que todo esto funcione como está funcionando, se necesita contar con colaboradores necesarios que se plieguen a los hechos y al designio de sus autores. Una maquinaria interna bien “engrasada” es fundamental, y para eso se publicó en el BORM Número 150, del 30 de junio de 2016, una plantilla tipo válida para una “empresa privada” cuyos CEO’s (aubdirector general), COO`s (jefes de división), CIO`s (jefes de servicio/responsables de sistemas), etc., se reparten SIN CONCURSO, suculentos puestos con los máximos niveles retributivos, con fórmulas discrecionales y alejadas de los mínimos de transparencia exigibles en la gestión de los recursos públicos.

Con este panorama, nadie exige responsabilidades a las empresas pese a las graves carencias del servicio. La Administración se ha plegado a sus exigencias y mira para otro lado para no enfrentarse al desastre y a la realidad de los supuestos del Proyecto CRIsol. ¿Alguien ha dado alguna vez explicación pública de lo que está sucediendo? No.

 

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