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¿El Gobierno murciano nos está robando y está prevaricando?

Charo Torres de Haro

El Gobierno murciano está tramitando, por la vía de urgencia, el borrador para concertar Bachillerato en los colegios privados. Actualmente hay plazas suficientes para todos los alumnos en los centros públicos. ¿Por qué quiere, entonces, el Gobierno murciano pagar, con el dinero público de todos, una enseñanza privada y no obligatoria? Con la deuda que tiene nuestra Región es difícil de entender. Para hacerle frente a los millones de euros que costarán estos conciertos educativos nos seguirán subiendo los impuestos; y, además, cuando los alumnos emigren masivamente de la pública a la privada muchos profesores de la escuela pública perderán su plaza o se quedarán sin trabajo.

"El dinero público está para dar servicios públicos y no para regalárselo a las empresas privadas. Esto debería ser ilegal, cuando la Constitución recoge que los gobernantes gestionarán el dinero público en beneficio de la mayoría de los ciudadanos"

El dinero público está para dar servicios públicos y no para regalárselo a las empresas privadas. Esto debería ser ilegal, y no entiendo que no lo sea, cuando la Constitución recoge que los gobernantes gestionarán el dinero público en beneficio de la mayoría de los ciudadanos. Este despropósito no puede ser más grave y es muy difícil de entender.

El 22 de marzo, a las 18:30 horas, habrá una concentración en la plaza Cardenal Belluga para quien quiera defender a la escuela pública y/o su bolsillo.

"La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales.” Esta afirmación, contenida en el artículo 103.1 de la Constitución, es el eje sobre el que debe gravitar la actuación de la Administración. El interés general se configura de esta manera como un principio constitucionalizado, que debe estar presente y guiar cualquier actuación de la Administración. La consecuencia inmediata no es otra sino la de que la Administración no goza de un grado de autonomía de la voluntad similar al que es propio de los sujetos de derecho privado. La actuación de la Administración deberá estar guiada por la búsqueda y prosecución del interés público que le corresponda, lo que le impedirá –por imperativo del artículo 103.1 de la Constitución– apartarse del fin que le es propio.

El ordenamiento jurídico establece figuras y mecanismos tendentes a evitar desviaciones de la Administración respecto de lo que, en cada momento, y en función de las circunstancias, deba considerarse como interés público a alcanzar. El artículo 103.1 garantiza de esta manera que las potestades administrativas reconocidas por el ordenamiento jurídico no se utilicen con fines distintos de aquellos que justificaron su creación y reconocimiento en favor de la Administración.

Conductas penales tipificadas (por ejemplo, la prevaricación) o ilícitos administrativos como la desviación de poder (artículos 63.1 de la Ley 30/1992 y 70.1 de la Ley 29/1998), encuentran su engarce y cobertura en la referida afirmación contenida en el artículo 103.1 de la Constitución.

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