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Modelo de ITV: un negocio interesado

Juan A. Gallego Capel

El Gobierno regional aspira a transformar definitivamente en una mera actividad mercantil lo que durante los últimos 30 años ha sido un servicio público cuyo objetivo primero es garantizar la seguridad vial. Este tipo de inspección no es voluntaria, ni una fórmula indirecta de imponer un tributo a los ciudadanos; su finalidad no es otra que la de certificar que nuestros vehículos están en condiciones idóneas para su circulación.

Se trata de una propuesta de gestión contraria al ordenamiento jurídico. La ITV está configurada como un servicio de inspección y certificación con carácter obligatorio bajo sanción en materia de tráfico con naturaleza de función pública y que, por tanto, no puede dejarse al libre arbitrio de particulares. Así lo ha manifestado en diferentes sentencias el Tribunal Supremo. Sin duda, detrás del “impulso liberalizador” está la presión del sector de la automoción, que busca expandir su actividad mediante un sistema que garantiza el negocio seguro, libre de riesgos.

“Se nos quedará cara de tontos cuando un particular, con criterios que nada  tengan que ver con la seguridad vial, nos rechace la inspección de nuestro vehículo obligándonos a pasar por el taller”

¿Se propone un modelo liberal atendiendo a razones de seguridad vial o a razones económicas interesadas? Creo que está bien claro. A todo esto, el PP se prepara para satisfacer a su valedor en el Gobierno regional, C’s. El partido naranja registró el pasado día 1 de febrero una moción en la Asamblea Regional instando a la “liberalización” del sector.

Los sindicatos denuncian que la liberalización total de las ITV traerá consecuencias para los empleados, con sueldos bajos y condiciones precarias, así como para los usuarios. Se nos quedará cara de tontos cuando un particular, atendiendo a criterios que nada tengan que ver con la seguridad vial, nos rechace la inspección de nuestro vehículo obligándonos a pasar por el taller. Las concesiones serán entre 25 y 50 años, con lo que está pensado para que el concurso se lo disputen entre dos o tres empresarios.

Desde el grupo socialista se ha presentado otra moción en la Asamblea Regional en la que se solicita un modelo similar al que se presta en Andalucía: que los ocho centros de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en concesión administrativa y uno de gestión directa que existen en la Región, más los diez que se proponen, sean gestionados directamente a través de una única empresa pública dependiente de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, garantizando, de esta forma, una gestión transparente en la que no primen los intereses económicos y se garantice la total independencia del sistema de Inspección Técnica de Vehículos, la calidad en el empleo, la prevalencia del servicio público y un coste justo para los ciudadanos. Es un servicio rentable, ya que son más de ochocientos mil los vehículos que periódicamente pasan la inspección, con unos ingresos por encima de los 35 millones de euros.

Esta vez, tengo que volver a discrepar con mis compañeros en la Asamblea Regional. Voy a pedir desde estas líneas la defensa de una gestión pública directa por la Administración regional, entre otras razones por cuanto supone que las revisiones se realicen desde el rigor y para que el acceso a ese empleo que se genere sea de libre concurrencia, atendiendo a criterios de igualdad, mérito y capacidad, con tarifas justas para los administrados y la garantía de que los ingresos que se generen sean directos para las arcas públicas.

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