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No fue un pacto, fue un paripé

Juan A. Gallego Capel

Allá por el pasado mes de agosto, para justificar concesiones al Partido Popular en el pacto de investidura de Rajoy, el vicesecretario general de Ciudadanos, Manuel Villegas, dijo que “no es lo mismo meter la mano en la caja que meter la pata”, y el caso es que el PP consiguió transformar las exigencias de C’s de separación "inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial”, en un debate sobre qué es y qué no es corrupción.

“La falta de cultura y de responsabilidad política que hay en España explica lo que sucede aquí, frente a la dureza en países donde no es necesaria la opinión de un juez para que un político dimita por comportamiento poco ético”

Cada cual es responsable de sus actos ante la Justicia. La corrupción, como tal, no está tipificada como un delito en el Código Penal. Es ese desglose delictivo, que incluye los delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, financiación ilegal, malversación, fraude, blanqueo de capitales, entre otros. Así, el Partido Popular y Ciudadanos pretendieron hacer una criba en aquella mesa de negociación. Ambos partidos acordaron que se considerará corrupción cuando un político o un partido incurran en delitos de enriquecimiento ilícito o financiación ilegal. Es decir, tendrán que dimitir cuando existan sospechas de que se han llevado dinero. El resto de participantes, si ocupan un cargo público y no se llenan los bolsillos, no tendrán la obligación de marcharse. En definitiva, lo que acordaron fue analizar caso por caso. La Real Academia de la Lengua describe así la corrupción: "En las organizaciones, especialmente las públicas, consiste en la práctica consistente en la utilización y medios de aquéllas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores". Una definición que Transparencia Internacional lleva años tratando de concretar y exportar por todo el mundo: "La corrupción es el abuso del poder para beneficio privado directo o indirecto". 

Pero aquel acuerdo entre PP y C’s no responde una cuestión fundamental: la responsabilidad política y la ética dentro del ámbito de la Administración pública. El análisis caso por caso es incorrecto porque, por ejemplo, en los casos de prevaricación –dictar a sabiendas una resolución injusta–, el político no gana nada de forma directa, pero puede favorecer con su decisión a un tercero o a una red de terceros. Destacar que la falta de cultura, de responsabilidad política que existe en España es el principal lastre y explica lo que sucede aquí, frente a la dureza que se aplica en países como Dinamarca, Suecia o Noruega, donde no es necesaria la opinión de un juez para que un político dimita por un comportamiento poco ético. 

Los representantes públicos, los altos cargos institucionales, en efecto, no sólo deben ser honestos; también deben parecerlo. La dignidad de su cargo les obliga políticamente a mostrar un comportamiento ejemplar. Y es que la ejemplaridad pública no puede ser un concepto vacío de significado. Porque responde a una imagen social, del buen hacer, que genera confianza y respeto en el conjunto de la ciudadanía, algo imprescindible para el sano desenvolvimiento de la vida política y social. No es, por tanto, una cuestión de apariencia.

En definitiva, la gente decente no ampara a la corrupción; la lucha contra la corrupción debe convertirse en una prioridad, pues de su éxito depende, en buena medida, la existencia de una democracia de calidad.

 

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