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Negocio educativo sin control y sin parar (II)

José L. López Lillo

Quedamos en que iba a escribir sobre las triquiñuelas que usan las empresas privadas para captar recursos tanto públicos como privados. Esto lo consiguen a través de los conciertos educativos, la cesión de terrenos municipales y la venta del derecho al trabajo mediante la aportación a la empresa de dinero, bien como socios o, lo que es peor, mediante préstamos, y por supuesto, con las cuotas de las familias.

Los dos primeros colegios concertados por el Gobierno Valcárcel son los que salieron del desaparecido colegio Ruiz de Mendoza. Una sociedad limitada uno y, otro, una sociedad anónima laboral. Ambos usaron contratos de préstamo para contratar a sus trabajadores (tú me prestas, yo te contrato). En resumen era así.

Estamos en el año 97.

D/Dª … está de acuerdo con el proyecto educativo de la Sociedad … y presta la cantidad … (estaba en torno a los 6 millones de ptas.) a la Sociedad … con un interés del 1'5% anual (en esa época el plazo fijo estaba en torno al 7%) Plazo mínimo para devolver: 2 años. A partir de entonces la prestataria puede devolverlo como quiera, pero si la prestamista lo pide hay que dar 2 meses de plazo para devolverlo (seguramente el plazo para buscar otro "inversor").

Posteriormente, en 2008, otra empresa –la que gestiona el Colegio Torreblanca S.L.– ha utilizado el mismo sistema pero con una "inversión" de 120.000 euros a cambio del trabajo.

Otro método usado por cierta cooperativa, y recordemos que éstas pueden gestionar todo el dinero del concierto justificando gastos después. El concierto de un aula puede ir desde 58.321 euros, una de infantil, hasta 93.888 euros una de secundaria.A la hora de justificar se ha conocido algún caso en que la nómina presentada en la Consejería era lo estipulado por el Convenio Colectivo de la Enseñanza Concertada, pero al trabajador se le pagaba un 30% menos.

El ejemplo más esclarecedor de cómo una "empresa" se puede apropiar de recursos públicos y privados lo tenemos en lo que actualmente es el colegio concertado "La Flota". Tres señores, un gestor de una patronal de colegios privados, un constructor y un socio de una cooperativa, legalizan una fundación –"Desarrollo de Escuelas Cristianas"– en la cual se utiliza dicha fórmula, fundación, porque así consideraban que sería más fácil conseguir la cesión de los terrenos públicos de suelo urbano por parte del Ayuntamiento popular. Una vez conseguido el terreno se encarga la construcción del centro a una empresa, Prehorman SL, a la que lleva a la quiebra al no pagarle 2.700.000 euros. Una vez conseguido el terreno y empezada la construcción del centro, otra empresa –Globalis SL, ésta dirigida por el hijo del presidente de la fundación– encarga la terminación del centro a otra empresa –Metropolitana de Contrataciones S.L.– con la que al final contrae una deuda de 4.700.000 euros. Con el centro sin terminar, solicita concierto con la Consejería, el cual se concede con el curso empezado, con efectos retroactivos y con 7 y 11 alumnos por aula.

Mientras tanto, otra empresa, ésta dirigida por la esposa del presidente de la fundación, inicia la captación de socios, hasta un total de 27, pidiendo 150.000 euros a cada persona que pretendiera trabajar en el colegio. (Nótese que estos "socios" lo son de una empresa que ni tiene suelo, ni edificio, ni concierto.) Algunos todavía están sin recuperar su dinero. La fundación tampoco pagó parte del canon, 2.000.000 de euros, al Ayuntamiento por el terreno. Terreno en el que en parte del patio del colegio luego se construyeron, sin licencia municipal, pistas de pádel que gestionaba otra empresa. Posteriormente, en 2008, con el visto bueno de la Consejería, se firma un contrato de pre-venta entre la familia Saura y la directora de otro concertado, "Gabriel Pérez Cárcel", contrato que se resuelve al incumplir la obligación de pagar los préstamos personales de la familia Saura y no sin que la deuda del colegio aumente durante ese año en 600.000 euros.

Después aparece otro "comprador" –Longeva Corporación–, que tampoco logra sacar adelante el proyecto. Finalmente en el curso 2009, bajo tutela de la Consejería –¡nueva figura de concierto!–, se prorroga el convenio mientras que se constituye una cooperativa con los profesores, todos menos 4 que todavía no han recuperado los 150.000 euros .La deuda asumida por la cooperativa es de 8.700.000 euros .El concierto de este centro, según presupuesto CARM 2016, es de 1.718.506,65 euros. Más las aportaciones "voluntarias" de las familias.

Y luego dicen que la enseñanza concertada es más barata.

Seguirá.

 

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