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Negocio educativo sin control y sin parar (y 3)

José L. Lopez Lillo

Seguimos. Otro ejemplo de apropiación de terrenos públicos lo tenemos en la Orilla de la Vía. En un principio existía un solar de unos 10.000 metros cuadrados, el cual, tras la petición al Ayuntamiento de 9.000 m2 por parte de una señora que decía que iba a constituir una cooperativa para construir un colegio, es valorado por el Ayuntamiento en 3.600.000 euros. A continuación se produce la segregación, y después de ceder 1.000 m2 a una congregación religiosa, quedan 8.900 que se ceden a la "cooperativa" y se valoran en 2.400.000. (Nótese que los 1.000 metros de las monjas se valoran entonces en 1.200 euros m2 y los 8.900 de la "cooperativa" a 270 euros m2). Es importante porque de ahí es de donde tiene que salir el canon a cobrar por la cesión de suelo público. A las congregaciones religiosas puede ser legal cederles el terreno gratuitamente, mientras que a los particulares tiene que haber una contraprestación, normalmente en forma de canon.

Finalmente y tras otras irregularidades (constitución de la cooperativa con domicilio en el solar que está sin ceder, visto bueno de la Consejería al concierto, con informe de la Inspección de que había 545 plazas vacantes en la zona), se cede el solar por un canon de 145.000 euros, mientras a otras empresas educativas se les ha pedido 2.000.000 de euros por un solar parecido.

Esta empresa recibió fondos FEDER para la construcción y a pesar tener un concierto, según presupuesto CARM 2016, de 2.736.446,94 euros, cobra a las familias "la matrícula" y 50 euros al mes durante todo el año.

Ahora veremos algunos de los truquitos que utilizan ciertas empresas para capitalizar rápidamente su inversión:

  • Apropiación del trabajo de los y las docentes, por ejemplo, cobrando a las familias vigilancias, aula matinal o pre-comedor, que luego no se pagan en el sueldo del personal docente.
  • Ofrecer un puesto de trabajo docente a cambio de trabajos extraescolares, acompañamiento del alumnado fines de semana, entrenamientos...
  • Piscina; poner la natación dentro del horario de Educación Física y cobrarla. En épocas anteriores las "piscinas públicas" estaban subvencionadas por la Federación, así como las instalaciones deportivas. Habría que averiguar si eso sigue ocurriendo.
  • Uniformes y material escolar vendidos en exclusividad por el centro.
  • Libros escolares: existen dudas sobre la declaración del IVA. De cualquier manera, si hay descuentos, la compra colectiva nunca repercute en las familias.
  • Cobrar por psicólogo/a o pedagogo/a, a pesar de que los centros concertados tienen acceso al servicio de Orientación de la Consejería.
  •  La última moda es constituir una fundación para recaudar el dinero de las familias, con lo cual, encima, se pueden desgravar las aportaciones "voluntarias".

Por último, reproduzco unos datos que las familias deberían conocer y actuar en consecuencia. Están sacados de la Sentencia num. 398/2014 de 16 mayo del Tribunal Superior de Murcia: "… estuvo presidida por un evidente ánimo de lucro, bastando realizar una simple operación matemática para determinar su alcance en el curso 2006/2007, en el que el Centro obtuvo ingresos de las familias próximos a 1.015.650 euros toda vez que durante ese curso la cuota de gastos generales era de 120 euros/año/alumno y las aportaciones mensuales eran de 90 euros/alumno (11 meses) y al mismo tiempo de los 964 alumnos matriculados en las enseñanzas concertadas aproximadamente 915 hacían dichas aportaciones (95%), resultando: 915 alumnos x 120 euros/año de gastos generales: 109.800 euros; 915 alumnos x 11 meses x 90 euros: 905.850 euros; Total de ingresos de las familias al centro: 1.015.650 euros/año durante el curso citado."

La sentencia firme, sin posibilidad de recurso, condena al centro a una multa equivalente a la cantidad recibida por el concierto en concepto de "otros gastos" , unos 400.000 euros, por dos faltas graves: por infringir principio de gratuidad (art. 62.2 b), y además, por infringir el principio de no discriminación de la LODE. No sé si habrá intervenido Hacienda para controlar esas cantidades, pero de cualquier manera sigue siendo negocio, a pesar de la multa.

Estas cosas siguen pasando, y ya que a la Consejería le cuesta tanto trabajo controlarlas, puesto que su voluntad es la promoción de la enseñanza privada, desde aquí hago un llamamiento a las familias para que denuncien y obliguen a la Consejería a actuar, como sucedió en el caso citado.

Por último llamar la atención de la Agencia Tributaria de la posible bolsa de fraude que puede haber en torno a alguno de estos centros que venden ropa, libros y material escolar con un NIF que, a lo peor, no es el que corresponde, y por supuesto, el control de esas cantidades de dinero que los centros reciben bajo mano.

 

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