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Educación y cartas de servicios

J.L. Sánchez Fagúndez

El Instituto de Educación Secundaria “Valle de Leiva”, en Alhama, fue uno de los primeros centros educativos públicos, dependiente de la Consejería de Educación y Universidades de la Región de Murcia, en ofrecer una Carta de Servicios allá por el año 2013. En el 2014 se añadieron importantes modificaciones a la misma. Y, por último, el 28 de octubre de 2016 se publica en el BORM la definitiva y actual Carta de Servicios, con importantes cambios ajustados a los nuevos requisitos exigidos por la legislación estatal y autonómica sobre transparencia. La inclusión de este nuevo paradigma en su gestión es asumida en el documento como un valor esencial por el centro y sus órganos directivos.

Ese compromiso con la transparencia es un apartado “añadido” al final de la Carta de Servicios, y se basa en el acceso a los siguientes documentos del centro:

 

Estos cinco documentos, que la carta de servicios califica como “totalmente públicos”, están en la web del centro educativo (pagada con fondos públicos) a disposición de los ciudadanos en general y se pueden enmarcar perfectamente en las obligaciones de publicidad activa a la que están sujetas las administraciones públicas, incluida la educativa.

Este compromiso con la transparencia tímido y a todas luces insuficiente de los denominados “documentos totalmente públicos”, choca frontalmente con el resto de documentos calificados solamente de “públicos”, y que organizativamente maneja un centro en su gestión diaria. Estos “otros” documentos (que son muchos), pasan a ser considerados de acceso restringido para el profesorado y el Consejo Escolar o limitado mediante una petición para el AMPA, padres y alumnos. El resto del mundo no tiene derecho de antemano a conocerlos ni pidiéndolos. Lo que ocurre en el centro se queda dentro del centro.

El conjunto de documentos “públicos” importantes para poder conocer la gestión de un centro educativo público lo podemos agrupar en:

  • Documentos para conocer la gestión docente de un centro educativo público, como los análisis trimestrales de resultados académicos y de convivencia; de procesos de enseñanza; medición de indicadores; memoria final etc.
  • Documentos para conocer la gestión económica, como el de la cuenta de gestión y presupuestos; los listados de los contratos; los informes de auditorías internas, etc.
  • Documentos para conocer la gestión administrativa de un centro educativo público, como las actas del Consejo Escolar; las actas del equipo directivo; del Claustro; de la Comisión Permanente del Consejo Escolar; de la Comisión de Calidad, etc.

Parece, pues, que el derecho de acceso a la información de los ciudadanos, en sus relaciones con un centro educativo público, que se plasman en una Carta de Servicios, están limitados por un ente supremo que decide lo que se puede ver, obviando los derechos que leyes en vigor como la de Transparencia les reconocen, y sin tener que pedirlos.

Supongo que el asesoramiento para hacer la parte de transparencia de esta carta de servicios, prestado por la Dirección General de Calidad Educativa y Formación Profesional, ha sido determinante para el resultado final de la misma. Resultado que no puede calificarse de otra forma que de altamente insatisfactorio y contrario a los principios elementales de transparencia en la gestión de lo público.

Dos ejemplos claros de que este camino hacia la transparencia ya no se puede parar y de que solo es cuestión de voluntad, tiempo y algún empujoncito. El primero lo tenemos en la reciente publicación de las “gratificaciones” que pagan los laboratorios de la industria farmacéutica a los médicos y organizaciones profesionales españolas. En el año 2015 recibieron 496 millones. Esta publicación identificando a los perceptores ya es normal en otros países, pero España se había negado siempre. ¿Qué motivó el cambio de opinión? un bálsamo milagroso: no cobras si no se publican los datos nominativos de los perceptores. Santa palabra, se acabó la protección de datos.

El segundo ejemplo lo tenemos en las ayudas de la PAC (Política Agraria Común) para el periodo 2015-2020, que ha impuesto una nueva regulación de transparencia en la información que se ha de publicar sobre los beneficiarios de fondos FEAGA y FEADER españoles (el nombre y apellidos, razón social, importes de los pagos, etc.) Con el mismo resultado que en ejemplo anterior: no cobras si no se publican los datos nominativos de los perceptores.

Estos ejemplos solo sirven para corroborar que lo que se consideraban barreras infranqueables para la publicidad activa caen, sobre todo cuando existe financiación pública por medio, y hay que rendir cuentas ante la sociedad.

Por eso resalto el esfuerzo realizado por el IES “Valle de Leiva” de Alhama, y de otros muchos centros educativos de la región, y les animo, no solo a la implantación de sistemas de gestión de calidad y modelos de mejora continua de los procesos que en estos se desarrollan, con el fin último de mejorar el rendimiento del alumnado, sino además, a satisfacer las expectativas de los ciudadanos en un sistema educativo verdaderamente comprometido con la transparencia, como vehículo para conseguir la mejora del servicio público que prestan.

¿Dónde está el problema para publicar lo que falta? Pues adelante. Dicho queda.

 

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