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Un discapacitado que fue dado por muerto denuncia que “ahora casi me matan de verdad por una negligencia”

“Me tuvieron que operar a vida o muerte”, explica José Luis Blanco, un discapacitado sin recursos que depende por completo de su mujer Isabel, también discapacitada
Hospital de Torrevieja, donde fue operado José Luis Blanco

José Luis Blanco, un discapacitado sin recursos, que ya fue víctima de un grave error administrativo hace años al darlo por muerto, se enfrenta ahora a una situación complicada por una “negligencia” médica.

Hace nueve años su caso saltó a la prensa nacional porque de forma casual descubrió que, administrativamente, estaba muerto, y ahora, denuncia, “casi me matan de verdad por una negligencia”, según informa elplural.com.

Blanco, que reside en la localidad alicantina de Rojales desde el año 2014, afirma que todo comenzó en el mes de junio del año pasado, cuando “ya tenía una infección de orina que no me trataron”. En noviembre, después de requerirle al médico de familia unos resultados “que se negaba a darme”, acabó ingresando en el Hospital de Torrevieja, con “fallo renal, edema pulmonar y sepsis”.

“Me operaron a vida o muerte”, explica a elplural.com. este discapacitado de 63 años que depende por completo de su mujer Isabel, también discapacitada. Todavía tiene dudas sobre “qué va a pasar conmigo, porque me encuentro muy mal y sigo teniendo infección”.

En un primer momento, Blanco denunció el caso ante el coordinador del centro, que “me dio la razón, diciéndome que él hubiese tratado la infección y que le daría un ‘toque’ al médico de familia”.

Blanco y su mujer cuentan con la colaboración de Carmen Flores, presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente, quien ha remitido un escrito al presidente de la Comunidad Valenciana y a la Consejería de Sanidad.

Amenaza de multa y de desahucio

José Luis Blanco reside en la localidad alicantina de Rojales desde el año 2014, cuando “mi médico de Alcalá de Henares me dijo que ya no podía hacer nada más por mí y me recomendó vivir en un lugar más cálido.

La Comunidad de Madrid amenaza con imponerle una sanción de 8.000 euros por no haber trasladado entonces el expediente de dependencia. “Sí lo hice”, afirma a elplural.com José Luis, que percibe una ayuda mensual de 257 euros.

Además, José Luis e Isabel han estado a punto de perder su casa. Su contrato de alquiler vencía y la empresa que lo gestiona no pensaba renovarlo. Sin embargo, “cuando les expuse que, dada mi situación, no me podía ir, consideraron el caso excepcional y prometieron estudiarlo”. La respuesta llegó en forma de burofax y marcaba el día en que tenían que irse. La situación, sin embargo, parece haberse arreglado, y están a la espera de la copia del nuevo contrato, aunque “hasta que lo vea, no lo creo”, confiesa José Luis.

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