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La Defensora del Pueblo cree que es ilegal contratar a una empresa para hacer “negocio” con las multas de tráfico

Es lo que ha ocurrido en Las Torres y Ceutí. Soledad Becerril dice que “la potestad sancionadora no puede ser externalizada a una empresa privada, y convertida en un negocio”
Radar móvil en un vehículo de la DGT

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, lo tiene claro: que un ayuntamiento contrate a una empresa privada para que realice los controles de velocidad de vehículos mediante radar va contra las leyes y no se debe hacer. Es lo que está sucediendo precisamente en los ayuntamientos murcianos de Las Torres de Cotillas y Ceutí, ambos gobernados por el PP, donde la empresa Tradesegur hace los controles de velocidad con radares móviles camuflados en zonas urbanas y se lleva un 15 por ciento del importe de las multas que se imponen a los conductores. Esto ha generado una gran polémica en ambos municipios, sobre todo por el escandaloso aumento de las sanciones de tráfico. 

“La potestad sancionadora no es un fin en sí mismo que pueda ser externalizado a una empresa privada, y convertido en un negocio, sino que es un medio al servicio de otros fines superiores de interés general, generalmente de carácter preventivo. En este caso, el control de velocidad es un medio para salvaguardar otros bienes y derechos susceptibles de protección constitucional: la vida y la integridad de las personas”.

Así se expresa la Defensora del Pueblo en un dictamen de mayo de 2015 ante una queja presentada por la externalización a una empresa privada del sistema de control de velocidad mediante radar en el ayuntamiento de Parla (Madrid), un caso prácticamente idéntico al de Las Torres de Cotillas y Lorquí. El Consistorio madrileño acabó aprobando por unanimidad la suspensión del contrato de radares.

A juicio de esta Institución, dirigida por Soledad Becerril, la atribución a una empresa privada de funciones que comportan el ejercicio de autoridad pública plantea problemas de compatibilidad con el artículo 301 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba la Ley de Contratos del Sector Público, precepto que prohíbe que sean objeto de un contrato de servicios los “que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos”.

Y añade en su resolución que “la garantía de imparcialidad que precisan los ciudadanos en el ejercicio de la potestad sancionadora se ha concretado en varios preceptos legales que reservan el ejercicio de estas potestades a funcionarios de carrera”.

Más argumentos de Soledad Becerril para oponerse

“Instruir un expediente sancionador no puede quedar limitado a estampar la firma sobre una propuesta de resolución elaborada por una empresa. Al instructor, como garante del interés general, se le atribuye, entre otras, la misión de velar por la veracidad y exactitud de los datos que contiene el expediente y por el respeto de los derechos de los ciudadanos y está sujeto a la correspondiente responsabilidad”, señala Soledad Becerril.

La Defensora del Pueblo mantiene que, en definitiva, “los ciudadanos tienen derecho a que los procedimientos sancionadores sean instruidos por personas independientes que sirvan con objetividad a la ley y al interés general y son varios los preceptos legales que reconocen este derecho”.

Por ejemplo, la Ley 7/2007 de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 9.2 establece que “en todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las administraciones públicas corresponde exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración pública se establezca”.

En el ámbito local, la Ley de Bases del Régimen Local, en su artículo 92.3 establece que “corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración local el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales. Igualmente son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado a funcionarios de carrera, las que impliquen ejercicio de autoridad, y en general, aquellas que en desarrollo de la presente Ley, se reserven a los funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función”.

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