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La PAH denuncia que Rajoy “discrimina” a Murcia con la ley de Vivienda y “el Gobierno regional la incumple”

Los activistas recuerdan que la norma aprobada por Cataluña contra la pobreza energética es idéntica a la de la Región, y tachan de “abuso” los reparos del Ministerio de Administraciones Públicas
Paco Morote ofrece una rueda de prensa

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la Región de Murcia critica el informe del Ministerio de Administraciones Públicas sobre la ley de Vivienda de la Región. El Ejecutivo autonómico introdujo en la citada norma el artículo 59 para combatir los desahucios y evitar los cortes de luz, agua y gas a las familias sin recursos económicos, pero el Ministerio pone reparos al considerar que se extralimitó de competencias y aconseja al Gobierno central recurrir al Tribunal Constitucional.

En relación con estos “reparos” del Ministerio de Administraciones Públicas a la ley de Vivienda, la coordinadora regional de PAH afirma que “omiten el Ministerio y la Consejería de Fomento en sus reparos que la obligación de someterse a la mediación, afectaría sólo a las entidades y promotores que hubieran suscrito un convenio al efecto con la Consejería, en consecuencia, es absurdo afirmar que se trata de una imposición a la renuncia a la tutela judicial, ya que sólo afectaría a las entidades que voluntariamente lo suscribieran”.

En cuanto a lo que se refiere a los cortes de suministros básicos, “es aún más grave, ya que el texto de la ley murciana, es literalmente idéntico al de la ley 24/2015 catalana que no fue recurrido por al Constitucional, mientras que sí recurrió el Gobierno de España otros aspectos de la misma ley 24/2015. Recuérdense las informaciones relativas al accidente por corte de suministro que costó la vida a una anciana en Reus (Tarragona) el pasado 14 de noviembre, y cómo ayuntamiento y Generalitat denunciaron a Unión Fenosa por haber procedido al corte sin comunicarlo antes a los Servicios Sociales”.

Según la PAH, “esto sólo nos puede llevar a una conclusión: el Gobierno Central del PP discrimina a las gentes de Murcia con respecto a las de Cataluña, y el Autonómico del mismo partido lo acepta sin rechistar. Lo que es constitucional en Cataluña también tiene que serlo en Murcia. Además, también omiten que ambas leyes, catalana y murciana ordenan a sus respectivos gobiernos a establecer un convenio con suministradoras y ayuntamientos, por lo que estaríamos en igual situación que en el caso anterior. Conviene además recordar que existe una directiva de la UE del año 2009 que impone la prohibición de los cortes de suministro en períodos de especial vulnerabilidad como el invierno en que estamos, y que sigue sin aplicarse en España”.

Y añade que “con reparos o sin ellos, la ley está en vigor, y el Gobierno regional la está incumpliendo, habiéndosele pasado los plazos que la misma mandata para establecer los convenios y reglamentos necesarios para su total aplicación”.

Desde la PAH “entendemos que la acción del Gobierno de Rajoy constituye un nuevo abuso de su posición de fuerza para impedir que las CCAA trabajen en favor de sus gentes, contrariamente a lo que desde Madrid nos tienen acostumbrados, legislando siempre en favor de la banca y el oligopolio energético, retrasando el disfrute de derechos, hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentencia condenando la legislación española”.

En consecuencia, la PAH exige que el Gobierno regional “elabore los convenios y reglamentos para la aplicación total de la ley, a la vez que recordamos a la ciudadanía que, siendo ésta una ley en vigor pueden exigir judicialmente que se les aplique cuando se vean afectados por alguna de las situaciones que la misma establece”.

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