Domingo, 26 Febrero, 2017 - 16:14
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La PAH y las Marchas de la Dignidad exigen al PP que pare los 11 desahucios diarios en la Región

Activistas de la PAH en la Asamblea Regional

Medio centenar de miembros de las Marchas de la Dignidad y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) presentaron ayer sendos escritos ante la Asamblea Regional en los que piden al Gobierno murciano que cumpla la Ley de Vivienda y pare los 11 desahucios diarios que se están produciendo en la Comunidad, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En la petición aseguran que el PP está haciendo una "clara dejación" de sus funciones para beneficiar los intereses de los bancos y las empresas suministradoras de luz, gas y agua, por lo que también han pedido que evite, a través de la norma aprobada por la oposición, que los ciudadanos no sufran "cientos de cortes" en estos servicios básicos.

El portavoz de la PAH, Francisco Morote, ha criticado que el consejero de Fomento, Pedro Rivera, no ha dado las instrucciones necesarias para poner en marcha los alquileres sociales y los convenios con las empresas eléctricas y concesionarias de agua para evitar los 720 desahucios y centenares de cortes de suministro acaecidos desde septiembre, cuando entró en vigor la ley.

Morote ha detallado que la aplicación de esta norma evitaría en la Región que puedan producirse sucesos como el ocurrido con la anciana fallecida en Reus al incendiarse su casa por causa de una vela a la que recurría al tener cortado el suministro de luz.

Por su parte, la portavoz de la PAH en Cartagena, María Zaplana, ha incidido en que, una vez que el Gobierno central no ha presentado un recurso de inconstitucionalidad a la ley autonómica, debe implantarse las medidas para "beneficiar a la gente y no a los bancos y a las grandes empresas".

En este sentido, ha recordado que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha reseñado que de los 30 municipios de más de 20.000 habitantes con más porcentaje de viviendas vacías, 5 (Torre Pacheco, Águilas, Caravaca de la Cruz, Jumilla y Mazarrón) están en la Región, que presenta una de las tasas más altas de pobreza y exclusión social.

El escrito que será tramitado en la Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano contempla que la precariedad de los salarios, la desigualdad entre las rentas altas y bajas y el aumento de los precios de la luz, el gas y el butano, "condena a miles de familias a sobrevivir en condiciones de pobreza extrema".

Por ello, estima que la ley no puede tener "ningún obstáculo ni puede quedarse en un cajón" para que "proteja a las personas frente a las grandes empresas y los bancos".

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