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El PP acusa de “inventarse delitos” a las fiscales de la ‘Púnica’, que atribuyen a Sánchez un “plan criminal” para desviar fondos

Rafael Hernando afirma que la Fiscalía General tiene "sus límites" ante la posibilidad de que haya fiscales que decidan "inventarse delitos que no existen en el Código Penal"
Rafael Hernando

El PP sacó ayer el hacha de guerra contra las dos fiscales del caso ‘Púnica’ que querían acusar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por corrupción, decisión que frenó la Fiscalía General del Estado. El PP las acusa de “inventarse delitos” contra Sánchez, quien, según las fiscales, “elaboró”, junto a otros supuestos miembros de la trama, un “plan criminal” para “desviar” a las empresas del conseguidor Alejandro de Pedro “fondos públicos” de la consejería autonómica de Educación, que dirigió desde abril de 2014 hasta julio de 2015, cuando alcanzó la presidencia. 

El portavoz parlamentario del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, aseguró ayer jueves que la Fiscalía General del Estado "funciona como funciona hace muchísimo tiempo" y subrayó que tiene sus "límites" ante fiscales que decidan "inventarse delitos". Además, resaltó que las "discrepancias" entre fiscales se producen cada día en los tribunales de "forma natural", ha informado Europa Press.

Así se pronunció en los pasillos de la Cámara Baja ante las informaciones relativas a la oposición de la Fiscalía General a la imputación del presidente de Murcia, así como que el Ministerio Público impidiera acusar al expresidente de la Rioja Pedro Sanz por una construcción ilegal.

Hernando afirmó que en esta época los fiscales, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción se dirigen contra "todas" las formaciones políticas, "incluido el Partido Popular". Por eso, dijo que las "sospechas" que algunos están lanzando en virtud de intereses políticos, además de "desproporcionadas e inapropiadas", le parecen "clarísimamente tendenciosas y sectarias".

A su entender, la Fiscalía "funciona como funciona hace muchísimo tiempo" y también tiene "sus límites" ante la posibilidad de que haya fiscales que decidan "inventarse delitos que no existen en el Código Penal".

En este sentido, indicó que tienen que tener "a veces alguna limitación". "Esto es supongo lo que ha pretendido hacer el fiscal general", manifestado, para insistir en que no hay intereses políticos en estas decisiones del Ministerio Público, pero sí las hay en formaciones políticas que presentan sistemáticamente demandas para ganar en los tribunales lo que no ganan en las urnas.

“Persecución permanente al presidente de Murcia”

A renglón seguido, Hernando admitió que el PP firmó un pacto de investidura con Ciudadanos que van a "mantener", pero ha recalcado que al presidente de Murcia "en ningún caso" se la acusa de un delito de corrupción.

"Tiene que ver con una persecución permanente al presidente de Murcia, con un asunto sobre el que ya se han pronunciado los tribunales quince veces dándole la razón", manifestó, para agregar que ahora insisten en demandarle de nuevo.


Dicho esto, Hernando recalcó que la Fiscalía ya ha fijado un criterio sobre este caso y quitó hierro a la diferencia de criterios con los fiscales encargados del caso Púnica. A su entender, esas "discrepancias" entre fiscales y jueces se producen cada día en los tribunales de "forma natural".

Ante el hecho de que el pacto con Ciudadanos establezca la imputación formal para apartar a un cargo, Hernando indicó que se trata de "buscar un sistema que el imputado o el investigado al menos acuda por primera vez a un tribunal y pueda dar su explicación".

En ese caso, "si se abre el proceso, las cosas cambian", algo que, según dijo Hernando, ya trasladaron en su momento al partido de Albert Rivera. "No vale solo que le investiguen o llamen a una persona como investigado, es que tiene que por lo menos tener el derecho de dar su versión sobre los hechos de los que se le acusa. Si no, acabamos en un sistema absolutamente disparatado", concluyó.

Las fiscales de Púnica atribuyen a Sánchez un “plan criminal” para desviar fondos

Las dos fiscales que investigan el caso Púnica de corrupción, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, consideran que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez “elaboró”, junto a otros supuestos miembros de la trama, un “plan criminal” para “desviar” a las empresas del conseguidor Alejandro de Pedro “fondos públicos” de la consejería autonómica de Educación, que dirigió desde abril de 2014 hasta julio de 2015, cuando alcanzó la presidencia.

Así lo hacen constar las fiscales en un informe al juez Eloy Velasco sobre la senadora del PP Pilar Barreiro, la otra aforada de esta causa. El documento, pese a su estilo oficial, deja traslucir las diferencias de criterio entre las fiscales, que llevan el caso desde 2014, y sus jefes.

Gálvez y García Cerdá no han podido pedir al juez Velasco, que atribuye a Sánchez delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada, que ponga la causa en manos del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, al ser este aforado. Sin embargo, las dos fiscales sostienen sin rodeos que el político se concertó con De Pedro para sufragar, con cargo al presupuesto público, el “gasto personal” de una serie de trabajos para mejorar su imagen en Internet y las redes sociales, según informa El País. El acuerdo también contemplaba, las fiscales no albergan duda de ello, que el conseguidor usara sus “influencias dentro del PP nacional” y “promocionase políticamente” a Sánchez en su carrera hacia la presidencia murciana.

El criterio fijado por el fiscal general Maza, que recabó para ello informes de dos fiscales de Sala de la Secretaría General Técnica y de cuatro fiscales de Sala del Supremo, dejará a Sánchez sin más molestia que la acusación popular, que ejerce la asociación Adade. Pero Gálvez y García Cerdá no se apean de afirmar que el presidente murciano, siendo consejero, acordó con De Pedro realizar un “contrato de cobertura” por el cual los trabajos de limpieza de su imagen pública quedarían camuflados como labores de “formación”, un concepto genérico pero que se puede atribuir sin levantar demasiadas sospechas a un departamento como el de Educación.

Según El País, el proyecto para relanzar con dinero del contribuyente la marca personal del político duraba siete meses, desde noviembre de 2014 hasta junio de 2015, tras los comicios autonómicos, a razón de 4.600 euros mensuales. La detención y encarcelamiento de De Pedro el 27 de octubre de 2014 en la Operación Púnica desbarató el “plan criminal” antes de que la consejería hubiera librado los fondos. 

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