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El PSOE denuncia que diez edificios de la UCAM siguen sin tener licencia municipal

La sede de la Consejería de Cultura acogió ayer viernes una protesta contra la querella presentada por la UCAM en la que acusa de prevaricación continuada a seis funcionarios
Obras en el campus de la UCAM

El PSOE exige al Ayuntamiento de Murcia que haga cumplir a la UCAM la obligación de disponer de licencias de actividad de sus edificios del campus de Los Jerónimos. El concejal socialista Enrique Ayuso y el diputado regional Emilio Ivars aseguran que la mayor parte de los 12 edificios de la zona sur del campus están construidos sin autorización municipal, sobre suelo de huerta protegido y no urbanizable, y sobre los que la Fundación San Antonio ha solicitado para parte de ellos la autorización excepcional por interés público.

Según informaron, estos inmuebles se están utilizando como aularios, laboratorios, librería o almacén “sin estar legalizados”. Por ello, Ayuso ha exigido al Ayuntamiento de Murcia que haga cumplir a la UCAM la obligación de disponer de licencias de actividad de los edificios de la zona sur del Campus de los Jerónimos que carecen de las mismas.

La Fundación San Antonio, advirtieron, solicitó para parte de ellos la “autorización excepcional por interés público”, pero por el momento no cumplen con la obligación de disponer de licencias de actividad y puesta en funcionamiento. De hecho, precisó Ayuso, “la concejalía de Urbanismo ha comunicado al grupo socialista que solo dos edificios de la zona sur tienen solicitada licencia de actividad, mientras otros diez están abiertos y sin licencia”. El edil insistió en que, al carecer de las licencias necesarias, no se garantiza la seguridad en las instalaciones.

Protesta por la querella de la UCAM

La sede de la Consejería de Cultura acogió ayer viernes una protesta contra la querella presentada por la UCAM en la que acusa de prevaricación continuada a la ex directora general de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, María Comas Gabarrón, así como al jefe del Servicio de Patrimonio Histórico, Miguel S.N.T., y a otros cuatro técnicos de ese departamento por obligar a la universidad privada a una nueva redacción del plan especial de ordenación urbanística que permitió edificar el campus de la UCAM. La Universidad Católica cree que ha perdido mucho dinero por esta decisión y reclama al juez que imponga a los querellados una fianza de 15 millones de euros.

El sindicato Intersindical mostró su apoyo a esta protesta y reclamó al consejero de Cultura, a la secretaría general y a la dirección general de Bienes Culturales un respaldo público “al trabajo elaborado por el personal empleado público dependiente de ellas y afectado por esta querella”. Además, exigió que estos funcionarios cuenten con el apoyo de los servicios jurídicos de la comunidad para su defensa y que esta asuma la responsabilidad económica.

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