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Sánchez, más cerca de la imputación en el ‘caso Auditorio’ tras un informe de la Intervención del Estado

El documento confirma una “multiplicidad” de irregularidades e incumplimientos a lo largo del proyecto del auditorio de Puerto Lumbreras.
Auditorio de Puerto Lumbreras

El 'caso Auditorio', en el que está implicado el presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, ha dado un giro peligroso para el jefe del Ejecutivo murciano tras un informe de la Intervención General de la Administración del Estado, que desvela una “multiplicidad” de irregularidades a lo largo del proyecto del auditorio de Puerto Lumbreras.

Sánchez (exalcalde de Puerto Lumbreras) está ahora más cerca de ser imputado, ya que el informe, encargado por la juez de Instrucción número 1 de Lorca, Consuelo Andreo, confirma todas las irregularidades e incumplimientos legales cometidos en la construcción del auditorio, que costó seis millones de euros. El informe concluye que hubo muchos incumplimientos en la justificación de las subvenciones y que “la obra no estaba completa, por lo que se considera que no debería haberse firmado el Acta de Recepción de forma favorable”.

El documento analiza el cumplimiento de la legalidad en el proceso de contratación y construcción del auditorio de Puerto Lumbreras, así como en la concesión y justificación de una subvención de seis millones de euros por la Administración regional. Las conclusiones del informe indican que el Ayuntamiento del que Sánchez era alcalde cometió una “multiplicidad de incumplimientos” legales y de irregularidades de todo tipo en la tramitación administrativa.

Si la juez considera que hay que imputar a Pedro Antonio Sánchez deberá remitir las diligencias a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ya que el presidente murciano goza de aforamiento.

El informe destaca que en el expediente no existe “ningún documento acreditativo de la titularidad de los terrenos donde se iba a construir el Teatro Auditorio”. Además, el proyecto que se presentó para conseguir la subvención de seis millones de la Consejería de Cultura “era un simple anteproyecto que no reunía el requisito de ser de ejecución, como requería la CARM”.

Sobre la contratación del arquitecto Martín Lejarraga, indica que “no hay ninguna documentación administrativa sobre la contratación y pago de esos servicios (redacción del Anteproyecto de junio de 2006) y no es posible pronunciarse sobre la regularidad del proceso de contratación aunque se estima que esos servicios debieron abonarse de alguna manera”.

La Intervención estima que “el procedimiento administrativo seguido en el Concurso de Proyectos se considera adecuado a derecho, como se indica en el fallo de la sentencia 252/2012 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Murcia”. Sin embargo, “no hay ningún documento donde se justifique la necesidad del objeto del Concurso de Proyectos, dado que ya se habían redactado al menos tres proyectos básicos y se había concedido una subvención en base al de junio de 2006”.

Y considera especialmente relevante que “el proyecto finalmente redactado para su ejecución difiere completamente del que se presentó en la solicitud de la subvención y en unos terrenos diferentes, sin que conste ninguna autorización de la CARM”.

También destaca que “no se realizó publicidad en el DOCE cuando por su importe total era preceptivo publicar tanto la licitación como la adjudicación”.

Expediente de contratación y modificación del contrato

Sobre el expediente de contratación, el informe dice que “se considera que tanto el procedimiento de licitación como el resultado del mismo parecen razonablemente correctos y conformes a derecho, salvo por la omisión de la valoración de las mejoras incluidas en las ofertas, circunstancia que no se explica en el informe técnico de valoración”.

“El acuerdo del órgano de contratación explicaba que se tramitaba por el procedimiento de urgencia para acomodarse a la subvención recibida, lo que no resultaba factible dadas las fechas de inicio de la licitación y el plazo de ejecución de la obra. La tramitación urgente podía acortar algo el plazo, pero no iba a resolver ese fracaso. Sin embargo sí pudo mermar la concurrencia de ofertas”.

Sobre la modificación del contrato, el informe señala que “parece importante destacar que, de acuerdo con las consideraciones técnicas, con este Modificado la obra dejaba de ser completa, incumpliendo el art. 53 del Reglamento General de Contratación del Estado, tal como se indica en el informe pericial para la Fiscalía de diciembre de 2014”. A la vez, “no parece adecuado que se expidieran certificaciones de obra adaptadas al proyecto modificado antes de que el mismo fuera aprobado por el órgano de contratación”.

Por otra parte, indica que “teniendo en cuenta el importe de las obras complementarias se tendría que haber tramitado un expediente de contratación, cuanto menos por procedimiento negociado sin publicidad, expediente que no consta en la documentación recibida”.

En cuanto al control de las subvenciones, el informe desvela que “se desconoce si el Ayuntamiento acreditó la titularidad de los terrenos” y que “se desconocen las razones que motivaron la modificación de un decreto para ampliar el plazo de justificación de la anualidad de 2006 y permitir el pago de la de 2007”, pero “se considera correcto el pago de las anualidades de 2006 y 2007”.

“Con relación al control de la ejecución de la obra, el Ayuntamiento tuvo muchos incumplimientos y retrasos en la entrega de documentación a la CARM, así como la no comunicación de los cambios de los proyectos. En los casos contados en que se comunicaron esos cambios, no consta recibida ninguna respuesta o autorización de la CARM a los mismos”, añade el informe.

Además, señala que “con relación al control financiero de las subvenciones, no consta que la Intervención General de la CARM hiciera algún control financiero de esa subvención”.

Sobre el control del Ayuntamiento, el informe afirma que “no se justifica adecuadamente la forma por la que se alcanza finalmente el importe de la Certificación Liquidación. En la documentación recibida no se encuentra una nueva relación valorada con las partidas aceptadas. El importe certificado parece coincidir con el que faltaba para alcanzar el importe de la subvención recibida”.

El informe de la Intervención General del Estado sostiene que “del informe se desprende una multiplicidad de incumplimientos por parte del Ayuntamiento en la justificación de la subvención y en particular en la comunicación de las certificaciones al ritmo de la obra, del pago irregular de las mismas. No se conocen las razones por las que la CARM no solicitó el reintegro de la subvención con esos incumplimientos”.

Sobre la recepción del Auditorio, informe concluye que “la obra no estaba completa, por lo que se considera que no debería haberse firmado el Acta de Recepción de forma favorable”.

La oposición afirma que la situación del presidente es “insostenible”

El secretario de Comunicación del PSOE-RM y diputado regional, Emilio Ivars, afirmó que el análisis de la Administración del Estado sobre el caso Auditorio confirma la ilegalidad del proyecto, algo que los socialistas vienen denunciando desde hace mucho tiempo, por lo que instó a Pedro Antonio Sánchez a asumir responsabilidades políticas "de una vez por todas".

Según Ivars, Pedro Antonio Sánchez alentó y permitió "multiplicidad de incumplimientos" legales e irregularidades por parte del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras cuando era alcalde.

"Insistimos, el presidente lleva ya tres frentes abiertos: el caso Auditorio, la Púnica y Rambla Nogalte, vive bajo una sospecha continua y su único objetivo es proteger a sus asesores imputados, en lugar de ejercer de presidente y trabajar por el bienestar común de los murcianos y murcianas", señaló.

El portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, Óscar Urralburu, afirmó ayer viernes que "no es sostenible" que todas las semanas salten novedades sobre los casos de corrupción que señalan directamente al presidente de la Región de Murcia. "Pedro Antonio Sánchez debe solucionar sus problemas con la justicia alejado de la presidencia regional", añadió.

Óscar Urralburu se preguntó "hasta cuándo los murcianos y murcianas vamos a tener que seguir viendo esta situación". La Fiscalía Superior de Justicia, la Intervención General del Estado, el juzgado de Lorca, la Audiencia Nacional, detalló Urralburu, "ponen en cuestión la legalidad de las actuaciones de Pedro Antonio Sánchez cuando era alcalde de Puerto Lumbreras y consejero de Educación".

Por todo ello, según el portavoz parlamentario de Podemos, "decimos que no es de fiar. Una persona que está bajo sospecha constante por sus lazos con tramas corruptas o que tiene sobre sí la sombra de la duda en la gestión de un auditorio, no puede seguir al frente de los asuntos de la Región de Murcia".

Ciudadanos lamentó que el informe encargado por la Juez de Instrucción número 1 de Lorca a la Intervención General de la Administración del Estado denuncie que se cometieron numerosas irregularidades en la construcción del Auditorio de Puerto Lumbreras.

Miguel Sánchez, portavoz regional de la formación naranja, y miembro de la Comisión de Investigación del Auditorio de Puerto Lumbreras, recordó que es una cuestión "que conocemos de primera mano, ya que el pasado 30 de noviembre los miembros de la Comisión visitamos las instalaciones y comprobamos insitu que la edificación dista mucho de estar terminada, aunque fue recepcionada de forma, presuntamente, irregular".

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