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El TSJ imputa a la consejera de Agricultura de Murcia, que será juzgada por presunta prevaricación

El tribunal considera que la aforada Adela Martínez-Cachá pudo cometer un delito administrativo en el traslado y derribo de la escuela infantil del barrio de La Paz de Murcia
Adela Martínez-Cachá, consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia ha añadido a Adela Martínez-Cachá, consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, a la lista de imputados (ahora investigados) por el ‘caso Guardería’. La Sala Civil y Penal del TSJ se ha declarado competente para la instrucción y, en su caso, el enjuiciamiento del ‘caso Guardería’ por un presunto delito de prevaricación administrativa con respecto a la aforada Adela Martínez-Cachá, que era concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia cuando se produjo el derribo del centro escolar.

El Tribunal juzgará a la exconcejal del Ayuntamiento de Murcia y ahora consejera por su pertenencia a la Junta de Gobierno que determinó el traslado y posterior derribo de la escuela infantil del barrio de La Paz de Murcia.

En el auto, notificado ayer, se designa al magistrado Enrique Quiñonero Cervantes, instructor del procedimiento sobre un presunto delito de prevaricación administrativa en la demolición de dicho centro escolar.

La Sala fundamenta, además, que dado que los hechos investigados como presuntamente delictivos se concretan en los acuerdos de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia de julio y octubre de 2007, la prosecución de las actuaciones respecto de la aforada "resulta inescindible del resto de la instrucción practicada hasta la fecha" por el Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia en las Diligencias Previas 5042/2011.

El auto de incoación de diligencias previas no es firme, y cabe interponer recurso de súplica.

El PSOE exige al PP que cumpla la Ley de Transparencia y cese a la consejera

El secretario de Comunicación del PSOE-RM y diputado regional, Emilio Ivars, señaló que el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia confirmó que existen indicios suficientes para investigar a la consejera Adela Martínez-Cachá por un presunto delito de prevaricación cuando formaba parte de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, "algo que todos ya sabíamos".

Según Ivars, es el momento de aplicar el artículo 54 de la Ley de Transparencia, admitido y votado a favor por el PP, en el que se indica que cualquier alto cargo debe ser cesado inmediatamente cuando se conozca su situación de investigación o de imputación.

"Entendemos que es el momento de la esencia y de la honradez política, y de transmitir a toda la ciudadanía que apostamos de verdad por la regeneración democrática", concluyó.

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