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El TSJ tumba otro plan urbanístico en El Esparragal por defectos en la Memoria Ambiental

La sentencia señala que “el Ayuntamiento de Murcia lo aprobó de forma definitiva sin tomar en consideración la resolución de la Dirección General de Medio Ambiente”
Vista aérea de una urbanización en El esparragal

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia ha anulado un plan parcial que fue aprobado por el Ayuntamiento de Murcia en noviembre de 2011 porque no introdujo en la Memoria Ambiental las modificaciones que habían sido fijadas por la Dirección General de Medio Ambiente.

La sentencia estima así en parte el recurso que presentó el Banco Gallego, entidad que, como consecuencia de la declaración de nulidad, no estará obligada a someterse a la ejecución por parte del Consistorio de los avales que prestó en su día a favor de una de las empresas promotoras del plan, Fadesa.

El TSJ, que hace un pormenorizado recorrido por las múltiples vicisitudes por las que atravesó este plan parcial desde la aprobación del convenio urbanístico en febrero de 2006, señala que el mismo suponía el compromiso de entregar a las arcas municipales ochenta millones de euros por parte de las empresas que lo promovían.

Esas empresas eran, además de Fadesa, que aportaba casi el 19 por ciento de los terrenos, ubicados en la pedanía murciana de El Esparragal, Castillo Larache, Ideas y Desarrollos Urbanos, Mediterráneo Hispagroup y Tricenter Albamur, además de un particular.

El texto del acuerdo a suscribir entre el Ayuntamiento y los promotores señalaba que con el mismo se trataba de promover la transformación urbanística y la delimitación de un sector de planeamiento parcial en suelo urbanizable con calificación dotacional-residencial.

También se incluía la delimitación de un plan especial que permitiera la sustitución del enclave económico-productivo por el uso residencial.

Al estimar en parte el recurso que presentó el letrado Jorge Pérez Maldonado en nombre del Banco Gallego, la Sala declara la nulidad de la aprobación del plan parcial.

Dice al respecto que "el Ayuntamiento de Murcia aprobó de forma definitiva el plan sin tomar en consideración, tal y como le exigía, la resolución de la Dirección General de Medio Ambiente relativa a la Memoria Ambiental".

Y añade que el Consistorio estaba advertido de que era preciso redactar una Memoria Medioambiental que introdujera determinadas modificaciones, lo que no se tuvo en cuenta.

"Se optó por la aprobación definitiva -concluye la Sala- sin que, previamente se hubieran recogido aquellas modificaciones introducidas en la Memoria Ambiental por el órgano competente, lo que determina su nulidad de pleno derecho".

Ahora Murcia: “El PP está hasta el tuétano en el urbanismo chapucero e ilegal”

Ahora Murcia señala que el concejal de Urbanismo, Antonio Navarro Corchón, y el PP “están hasta el tuétano en el urbanismo chapucero e ilegal que se está viniendo abajo en el municipio”. La concejala Ángeles Micol hace estas declaraciones tras conocerse que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia ha anulado un plan parcial en El Esparragal, aprobado por el Ayuntamiento en noviembre de 2011, por no introducir en la Memoria Ambiental las modificaciones que habían sido fijadas por la Dirección General de Medio Ambiente. El convenio urbanístico por su parte, fue aprobado en febrero de 2006.

Micol destaca la responsabilidad directa de Navarro Corchón y del alcalde Ballesta en muchos de los planes parciales que están siendo anulados en cascada por los tribunales de justicia en los últimos meses, ya que “ocuparon los puestos de mayor responsabilidad durante años en la Consejería de Ordenación del Territorio, siendo Ballesta el consejero y Navarro el director general de Urbanismo”. La edil recuerda que estos planes urbanísticos están siendo anulados en su mayor parte por carecer de los informes sectoriales preceptivos.

La concejala denuncia “la nefasta política urbanística de los últimos 20 años en el municipio, así como la ineficaz labor de los responsables municipales que deberían haber velado por la legalidad de estas actuaciones, en lugar de apoyarlas”.

Micol lamenta que “lo que va a pasar es que todos los promotores que se apuntaron a la burbuja inmobiliaria, al calor del dinero fácil, van a reclamar y exigir los avales, lo cual puede terminar por suponer un desembolso de dinero al Ayuntamiento, es decir, a todos los murcianos y murcianas”.

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